XXXIII Congreso de Investigación Departamental en la UAM

XXXIII Congreso de Investigación Departamental en la UAM

Académicas de la Unidad Xochimilco participaron en el XXXIII Congreso de Investigación Departamental

 

Megaproyectos implementados en México pondrían en peligro, desde una dimensión ambiental y social, zonas rurales e indígenas donde son construidos, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UAM).

 

En la mesa Desarrollo sostenible del XXXIII Congreso de investigación departamental Plan Nacional de Desarrollo. Retos para la construcción de políticas de Estado, organizado por el Departamento de Producción Económica de esa sede universitaria, se refirió al Tren Maya que pasará por 42 comunidades –la mayoría indígenas– de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

 

La pobreza en el país en promedio es de 41.9 por ciento, sin embargo, sólo en esas zonas asciende a 56.77 por ciento, por lo que será importante discutir cómo van a actuar dichas poblaciones, explicó la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.

 

Aunque “hablar de crecimiento económico significa acceso a los servicios básicos para la sociedad, en este caso la más marginada del país, lo cierto es que existen riesgos evidentes, demostrados y comprobables de que estos megaproyectos pueden transformar el territorio y afectar actividades y cosmovisiones locales, al provocar daños irreparables que no pueden ser cubiertos con algún beneficio económico posible derivado de éstos”.

 

La académica del Departamento de Producción Económica refirió que desde una dimensión social tratar de transformar un espacio territorial y a sus habitantes es una visión casi colonialista, ya que además del crecimiento económico se debe considerar el bienestar social y el respeto al autogobierno de los pueblos originarios.

 

No obstante que no se han revelado los montos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sugiere que será 90 por ciento de inversión privada y 10 por ciento pública, con un monto global de 4,400 millones de dólares, con lo cual parece seguirse un modelo neoclásico similar al de gobiernos anteriores; de ahí la importancia de saber qué pasará con el proyecto a partir de diciembre, mes en que se llevarán a cabo las licitaciones.

 

En la ponencia Economía circular. Una visión transversal para el desarrollo, la doctora Graciela Carrillo González sostuvo que este sistema de aprovechamiento de recursos tiene como eje: reducir, reusar, reciclar y recuperar, es decir, minimizar la producción al mínimo indispensable; así como usar y fabricar productos más inteligentes, entre ellos materiales biodegradables; extender la vida útil del producto y sus partes, y aplicar de manera útil los materiales.

 

De acuerdo con la investigadora, la Unión Europea recicla un promedio de 45 por ciento de residuos urbanos y la meta para 2025 es llegar a 55 por ciento; China por su parte se propone alcanzar 35 por ciento para 2020, mientras que México hasta el momento sólo recicla 19 por ciento.

 

En el país “faltan políticas explícitas, pues el medio ambiente no ha sido una prioridad y se ha dejado de lado, y aunque no es un problema de este gobierno (…) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un enfoque conservacionista y aún no se sabe cómo se va a regular la industria y el ámbito urbano, donde se concentra 80 por ciento de la población, por lo que tendría que haber una política que inserte al consumidor y a los sectores manufactureros”.

 

El reto a nivel de país, subrayó, es “cómo orientar una política más integrada y consistente que involucre al consumidor como se ha hecho en países de Europa”, precisó la especialista.

 

La doctora Martha Silva Galván, académica del citado Departamento, destacó la necesidad de otorgar un mayor apoyo e incentivos a los artesanos del país en la ponencia Desarrollo sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Una comunidad rural en Oaxaca.
Al presentar el caso del Taller de Jacobo y María Ángeles, que trabaja a partir de una cooperativa y cuenta con proyectos de reforestación de árboles de copal y el de Sembradores de Agua en 16 comunidades del municipio de Martín Tilcajate, dijo que “el subsidio al Programa del Fondo Nacional de Fomento a los Artesanos (Fonart) es de 16,820,923 pesos, mientras que el apoyo de pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores es de 100 mil millones de pesos”.

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se menciona que darán prioridad a los artesanos que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, lugares con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, los tipos de montos de apoyo a través del Fonart contemplan sólo 15 mil pesos anuales por proyecto.

 

La doctora Gisela Espinosa Damián planteó interrogantes en torno a la nueva relación estado-campesinos en la que el Estado es el sujeto activo central y el nuevo organizador a través de sus programas y Centros Integrales del Bienestar, y cuál será la estrategia para recuperar el papel activo propositivo y decisivo de los actores organizados de las sociedades rurales.

En la mesa Desarrollo sostenible del XXXIII Congreso de investigación departamental Plan Nacional de Desarrollo. Retos para la construcción de políticas de Estado, organizado por el Departamento de Producción Económica de esa sede universitaria, se refirió al Tren Maya que pasará por 42 comunidades –la mayoría indígenas– de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
En la mesa Desarrollo sostenible del XXXIII Congreso de investigación departamental Plan Nacional de Desarrollo. Retos para la construcción de políticas de Estado, organizado por el Departamento de Producción Económica de esa sede universitaria, se refirió al Tren Maya que pasará por 42 comunidades –la mayoría indígenas– de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

En la ponencia Tensiones e interrogantes sobre la reinvención de lo rural comentó que existen dudas sobre si los subsidios directos en un contexto de pobreza serán un política productiva y ambiental o gasto social y cuestionó el papel que le asignará la 4T a las mujeres y a la población rural sin tierra, y si la estrategia de desarrollo como práctica de seguridad será suficiente para contrarrestar el poder del narco y la delincuencia organizada rural.

 

El XXXIII Congreso de Investigación Departamental Plan Nacional de desarrollo. Retos para la construcción de políticas de Estado continuará hasta el 6 de septiembre en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM.

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